Asimismo, afirmó que aplicará la ley a quienes hayan alterado el orden público, como fue el caso de aquellos que se tomaron algunas calles de la ciudad de Los Andes, en la Quinta Región.
Así de taxativos fueron los ministros del Interior, Francisco Vidal, y de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, al referirse a las movilizaciones de los operarios que desempeñan labores en los minerales de Codelco situados en las regiones de Valparaíso y O Higgins, quienes reclaman una mejora salarial al Estado, en circunstancias que ellos no tienen contrato directo con la cuprífera nacional.
«Me reuní con ellos y lo que les dijimos a estos dirigentes fue lo siguiente: primero, a la petición de bono, no; así de claro y de directo. En primer lugar, porque no se puede entregar un bono de Codelco a trabajadores que no son de Codelco, son de empresas contratistas privadas. Segundo, más allá de este tema jurídico, porque el excedente y las utilidades de Codelco van en el presupuesto de la nación para prioridades que el Gobierno estima más importantes como salud, educación, pobreza, etc.», explicó Vidal.
El secretario de Estado agregó que no obstante ello, el Ejecutivo está disponible a trabajar por sacar adelante el proyecto de ley que está en el Parlamento y que tiene relación con el resguardo y garantía de los derechos laborales de los trabajadores contratistas.
Aclaró que no sólo los que dicen relación con Codelco, sino del conjunto de los trabajadores en Chile, que están empleados vía contratistas y subcontratistas. Estamos disponibles para recibir sus sugerencias y observaciones, para ingresarlos vía indicación al proyecto de ley. Eso se lo ofrecimos formalmente el ministro del Trabajo (Yerko Ljubetic) y yo mismo.
A su turno, Eyzaguirre indicó que «los recursos obtenidos producto de la mejor situación en el precio del cobre, han sido destinados a prepagar deuda, lo que ha permitido que el ahorro en la disminución de intereses sea derivado a mejorar la educación, a más préstamos universitarios, viviendas sociales, reprogramación de los deudores del Serviu».
«Por tanto, hay 15 millones de chilenos y cinco millones de trabajadores que están esperando que su gobierno actúe con justicia y que de alguna forma esa mejoría se distribuya para todos. Un buen gobierno es el que tiene lo pantalones bien puestos y que distribuye las mejorías a toda su población y no uno que se debilita o se deja chantajear por un grupo organizado que está tratando de apropiar lo que no les pertenece», aseveró.
En el ámbito del orden público, Vidal anunció que si la demanda de éstos sobrepasa el límite de la legalidad, es decir afecta a terceros, el Ejecutivo emprenderá las acciones pertinentes, o sea, la Ley de Seguridad del Estado.
Todo chileno tiene derecho a manifestarse, a plantear sus reivindicaciones, ese es el valor de la democracia, siempre y cuando lo hagan en orden y sin afectar los derechos de terceros. Como en el transcurso de las ultimas horas, en algunas zonas de El Teniente (Rancagua) y de Andina (Los Andes), ese derecho que tiene todo derecho a manifestarse ha pasado con alteración de derechos de terceros, se aplica la ley y se aplica en consecuencia la acción policial.
Santiago de Chile, 29 de diciembre 2005
Crónica Digital/Agencias , 0, 71, 3
