El fallo, adoptado por unanimidad, ratificó una resolución anterior del juez Alejandro Madrid, quien rechazó conceder el beneficio al general (R) Tomas Casella y a los coroneles en activo Wellinton Sarli y Eduardo Radaelli, por considerarlos un peligro para la sociedad.
Los tres oficiales fueron extraditados a solicitud de la justicia chilena y se encuentran recluidos en el complejo nuclear de Lo Aguirre.
Son acusados por asociación ilícita para el secuestro de Berríos, en un plan coordinado por los militares de ambos países en 1991.
Berrios fue sacado clandestinamente del país y llevado a Uruguay por los servicios de inteligencia militar para impedir que declarara en el proceso que tenía lugar sobre el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Luego de presentarse en una estación de policía de ese país para denunciar que se encontraba secuestrado y temía por su vida, murió a principios de 1992 de un balazo en la cabeza, episodio en que presuntamente estuvieron involucrados los oficiales uruguayos presos.
Santiago de Chile, 8 de julio 2006
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