Es indignante e incomprensible para muchos jóvenes y sus familias, que hasta el último momento no sepan cuánto les costará efectivamente la carrera, por la discrecionalidad que existe para reajustar aranceles, lo que puede dejar a muchos fuera de la universidad, no sólo al ingreso sino que en cualquiera de los años que dure ésta, dado que dicho incremento puede determinar la incapacidad de pago, señaló el senador Alejandro Navarro, integrante de la Comisión de Educación.
Estamos a tiempo de hacer algo y no esperar movilizaciones en marzo para hacerlo, porque si las hay será con razón y, así, iremos de la revolución de los pingüinos a la de los universitarios»,señaló el legislador.
El parlamentario anunció la presentación de un proyecto de ley que transparente la oferta arancelaria de la educación superior, para que los estudiantes y sus padres, como clientes del sistema, sepan con antelación el costo total que cancelarán al finalizar su carrera y los parámetros fijos y variables en el alza de aranceles. Es decir, tasas conocidas de intereses y reajuste, como ocurre con cualquier otro servicio. Aquí hay una situación de captura del estudiante, porque las universidades tienen rehenes en sus aulas. Un estudiante de segundo o tercero, frente al alza tiene pocas posibilidades de tomar otra opción distinta de asumir ese costo para no dejar su carrera trunca.
Lo anterior -agregó- representa dos grandes problemas, uno que afecta a los potenciales mechones y sus familias, que ilusionados ingresan a una determinada carrera sin saber cuánto será el monto total que terminará pagando, y por otro lado, está la problemática de los jóvenes de cursos superiores, quienes estando ya en la universidad, viven con la incertidumbre de no saber cuánta plata deberán pagar al año siguiente, lo que a nuestro juicio es una verdadera violación al derecho de los jóvenes y sus padres como consumidores .
El legislador indicó que esta alza arbitraria de los aranceles deja a la vista una situación increíble: cuando uno compra una casa, sabe cuanto tendrá que pagar cada mes y cada año, porque sabe la tasa de interés y las condiciones están claras desde el principio. Sin embargo en el tema universitario llegas a primer año y no sabes el valor real que tendrás que pagar y menos aún sabes cuanto subirá para el año siguiente. Creo que dejar esta situación en la incertidumbre y en la posibilidad de un alza infinita, que puede ser legal, pero que es inmoral, y lesiona los derechos de padres y alumnos.
Navarro recordó que ya el 3 de enero del año pasado, la entonces ministra de Educación, Maria Ariadna Hornkol, anunció la realización de un estudio sobre los aranceles de las universidades tradicionales y las principales privadas para verificar si los aumentos de aranceles coincidían con el incremento real del costo de las carreras, si los aumentos eran superiores al IPC o al reajuste del sector público, si eran situaciones puntuales de algunas carreras o respondían a una medida general dentro de los planteles, para que este fuera un elemento más a la hora de ejercer el derecho a cambiarse de plantel. Sin embargo, nunca conocimos esos resultados.
Por eso -prosiguió- pediremos que el ministerio informe a la Comisión de Educación los resultados de esa investigación, que además consideraba un estudio comparativo sobre la misma situación y su regulación en otros países y pediremos que se actualicen los datos con las cifras de incremento que ahora se están manejando. Esto tiene importancia no sólo estadística, porque si que se está cobrando es más que los costos, tienen que decir con exactitud en qué se va a invertir, porque de lo contrario es lucro, y la ley dice que la educación superior no tiene fines de lucro.
Por otra parte el parlamentario enfatizó que para hacer más compleja la situación, el ministerio y las universidades ofrecen un arancel de referencia, que ha sido cuestionado por algunos rectores, como el de la Universidad católica, Pedro Rosso, por constituir una medida diseñada para disminuir la presión que ejercen sobre el Fondo Solidario el aumento desmedido de vacantes y la baja recuperación del crédito universitario. Además, no existe ninguna relación entre el reajuste de aranceles, que son fijados de acuerdo a parámetros como la variación del IPC y el reajuste del sueldo de los empleados fiscales, y los aranceles de referencia, donde el Mineduc clasifica a las universidades basándose en parámetros como los años de acreditación institucional y la calidad de la investigación.
Finalmente, Navarro dijo que junto con presentar el proyecto de ley realizaremos una presentación ante el Sernac, para ver si se están respetando los derechos de los usuarios de servicios educacionales superiores, y además, pediremos que se realice una sesión especial en el Senado para analizar los procedimientos de fijación de aranceles en la educación superior chilena.
Santiago de Chile, 8 de enero 2007
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