Las molestias, que en un principio no se manifestaban de forma abierta, irrumpieron con crudeza la víspera cuando dos de los conglomerados del llamado progresismo de la Concertación, el Partido por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD), sacaron las uñas.
El PPD, uno de los primeros en apoyar la candidatura de Bachelet dentro de la coalición gobernante, se sintió el más golpeado en la designación del nuevo gabinete, que aunque acoge a cinco ministros de esa colectividad, no son figuras de primera línea.
Nombres como los de Víctor Barrueto, presidente del partido, quien aspiraba a una cartera política en el próximo gobierno; Sergio Bitar, ex ministro de Educación que renunció para apoyar su campaña, y Jorge Schaulsohn, entre otros dirigentes, fueron pasados por alto.
Las críticas estuvieron centradas en la designación de Ricardo Lagos Weber como ministro secretario de Gobierno dentro de la cuota del PPD, cuando -afirman- el hijo del actual presidente no estaba vinculado al PPD y carecía de aval político fuera de la sombra de su padre.
También los radicales se quejaron de la poca presencia que tuvo el menor de los partidos de la Concertación en el próximo equipo de gobierno, donde sólo estará representado por el ministro de Justicia, Isidro Solís.
Tras una reunión con el titular del Interior saliente, Francisco Vidal, Zaldívar trató de enviar un mensaje de tranquilidad a los partidos resentidos al afirmar que el gobierno está recién en su inicio y todavía quedan más de 250 cargos medios por repartir.
«La conformación del gobierno está en su inicio, por lo tanto, hay que esperar qué es lo que pase en todos los próximos nombramientos. No es un problema de cuoteo ni mucho menos, sino que haya un justo equilibrio», dijo el senador demócrata cristiano.
Entre estos se cuentan dos nuevos Ministerios que serán creados (Medio Ambiente y Seguridad Pública), 30 subsecretarías, 13 intendencias, 54 gobernaciones y 162 secretarias regionales de ministerios (SEREMIS).
Se cuentan, además, unos 30 embajadores que son directamente designados por el Presidente de la República, así como los directorios de la estatal Corporación del Cobre (COLDELCO), la Empresa Nacional de Petróleo, y el Banco Estado, todos puestos muy bien remunerados.
Pero el mensaje de Zaldívar no tuvo un efecto tranquilizador en los conglomerados oficialistas. Todo porque muchas de las asignaciones de esos cupos recaían antes en el jefe de Gabinete, pero ahora parece que esa tarea la asumirá también Bachelet.
La presidenta electa ha dicho en privado que ella decidirá «a solas» los nombramientos y que la doctrina de «no repetirse el plato» también la aplicará a las autoridades regionales, donde la rotación de los mismos personeros en cargos de influencia era antes muy común.
La futura mandataria contará, además, con los alcances del acuerdo de modernización del Estado (2003). Este creó el Consejo de Alta Dirección Pública, el que hacia el 2010 debería seleccionar a todos los candidatos para los tres mil 700 puestos del sector.
Estos cargos eran antes de confianza del Presidente, pero han ido disminuyendo paulatinamente. Hasta el año pasado había 53 servicios públicos incluidos en este sistema, que sumaban más de dos mil funcionarios.
Santiago de Chile, 3 de enero 2006
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