En un comunicado público, la IC dijo que apoyan las demandas concernientes a la gratuidad del Pase Escolar y de la PSU, que son un paso para que los más pobres tengan un mayor acceso a la educación, como también compartimos la urgencia de reflexionar sobre la efectividad de la Jornada Escolar Completa y de la municipalización de la educación escolar.
Crónica Digital, reproduce la declaración de los profesores y estudiantes de la IC.
El sistema educacional escolar de nuestro país no fomenta la igualdad. Las profundas diferencias evidenciadas en la distribución del ingreso se hacen más radicales en el terreno de la educación escolar. Existe asimismo una tendencia a la privatización de los establecimientos educacionales, dejando así a los sectores más desposeídos del país marginados de una educación de calidad.
Dos graves consecuencias se derivan de dichas desigualdades:
1) El promedio de los puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) obtenidos por los estudiantes no pertenecientes a colegios privados (entiéndase municipalizados y subvencionados) bordea los 470 puntos, o sea, casi el mínimo para postular a las Universidades del Consejo de Rectores, donde se encuentran los recursos destinados desde el Estado para los sectores pobres de nuestra sociedad. En cambio, en los colegios privados pagados ese promedio sobrepasa los 550 puntos en la misma prueba, con la posibilidad de entrar así a universidades privadas y de de permanecer hasta el final en ellas.
2) Si bien la matricula en los establecimientos de educación superior ha crecido enormemente estos últimos años, la permanencia de los estudiantes de bajos recursos ha ido decayendo, siendo alrededor de un 27%, del total de los estudiantes (de altos y bajos recursos) que ingresan a las universidades los que logran recibir su titulo (contemplando inclusive cambios de carreras).
Esta injusta realidad la hemos denunciado a lo largo de los años, y la Concertación y la derecha no han querido hacer ninguna modificación para solucionar estos problemas, que se encuentran enraizados en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Esta tiende a privatizar, a darle un toque elitista y a impregnar de un carácter dictatorial a nuestra educación. Estas tendencias se acentúan gracias a que la Concertación y la derecha sólo han propuesto la privatización de la educación en todos sus niveles e inclusive en su financiamiento, tratando de que la educación se regule por las leyes del mercado, que es justamente lo que desencadena las injusticias y desigualdades que los estudiantes secundarios están denunciando.
Es necesario que se derogue la LOCE, para dar paso a una legalidad que considere la educación como un derecho y que entregue al Estado un rol protagónico en hacer valer ese derecho, fomentando una educación igualitaria para todos, de modo que las capacidades de las personas se desarrollen al máximo.
Llamamos a todos los sectores que están relacionados con la educación a que tomen esta lucha que están dando los estudiantes secundarios como propia y se forme un gran movimiento por el derecho a la educación y por el fomento de una educación digna, justa e igualitaria para todos.
Santiago de Chile, 30 de mayo 2006
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