Los senadores Nelson Avila y Alejandro Navarro, y el diputado Marco Enríquez-Ominami, el primero radical y los dos últimos socialistas, afirmaron que su visita a La Paz no tuvo un carácter oficial, ni tampoco fue en representación del Congreso Nacional.
Aludiendo a los cuestionamientos formulados por la oposición, Avila manifestó que «es incomprensible este revuelo y polvareda artificial que se ha armado en Chile», y subrayó que de lo que se trata es de «buscar caminos nuevos en una diplomacia de los pueblos».
«Estamos ejerciendo el derecho a expresar nuestros puntos de vista», dijo el legislador radical al rechazar lo que calificó como «el histerismo» de los sectores ultras que en nada ayuda a encontrar una solución razonable al histórico conflicto entre ambos países.
Para el senador Alejandro Navarro, «no hay nada peor que esconder la cabeza».
«Chile debe solucionar los problemas con los países vecinos y hemos dado un paso en el diálogo. En ningún caso hemos querido reemplazar a la Presidenta (Michelle Bachelet), sólo reclamamos el derecho parlamentario a dialogar», precisó.
Asimismo, el diputado Enríquez-Ominami expresó que «no es culpa nuestra la ineficiencia de parlamentarios que llevan 16 años en sus cargos y que no han sido capaces de generar ningún puente entre el Congreso chileno y el boliviano».
El viaje, en el que también participaron Alejandro Sule (Radical) y René Alinco (Partido por la Democracia), culminó con la creación de una liga interparlamentaria binacional y la suscripción -implícita por parte de los chilenos- de una adhesión a la demanda marítima boliviana.
El secretario general de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero, manifestó que la gira fue «una histórica genuflexión en que los chilenos aparecían arrodillados frente a Bolivia».
Más áspero fue el diputado gremialista Iván Moreira, quien afirmó que los legisladores «viajaron a Bolivia prácticamente a firmar acuerdos para buscarle soluciones marítimas a ese país», lo que consideró una «cuestión de la mayor irresponsabilidad».
Moreira demandó que el presidente de la Cámara de Diputados, el pepedista Antonio Leal, se pronuncie sobre el tema y pidió también al Ejecutivo una aclaración. «Este es el caos y la descoordinación al interior del Gobierno en materia de relaciones exteriores», apuntó.
Mientras, sectores moderados de la coalición gobernante -generalmente atentos a los reclamos de la derecha- mostraron preocupación por el debate generado.
Uno de los más complicados parece ser el senador Roberto Muñoz (PPD), quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, debido a que había un compromiso para una visita oficial de la instancia senatorial chilena a La Paz.
Por ello, el parlamentario advirtió ayer temprano que podría revaluarse esa iniciativa, aún cuando su par boliviano Guido Guardia le aseguró que no fue un encuentro oficial.
En la llamada «Declaración de La Paz», suscrita al final de la visita, se considera -entre otras medidas- una propuesta para impulsar cambios en los libros escolares de historia sobre la Guerra del Pacífico (1879-1884), donde Chile arrebató a Bolivia todo su litoral.
La iniciativa, que busca modificar «los términos que separan a ambos países» y fortalecer «aquellos que los unen», llama también a los gobiernos «a buscar fórmulas creativas, en el marco de la diplomacia de los pueblos, para lograr la solución urgente de los temas pendientes».
Los legisladores bolivianos señalaron que esta materia es un asunto «fundamental entre ambas naciones», en tanto los chilenos manifestaron que se debe trabajar en una fórmula «que haga posible la solución definitiva de este tema pendiente en la agenda bilateral».
Santiago de Chile, 14 de junio 2006
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